Por Marcela Reyes, investigadora principal CIAPEC y profesora INTA-UChile. Nota publicada originalmente en INTA (ver).

Según lo señalado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), todas las personas tenemos derecho de tener acceso en todo momento a alimentos adecuados, inocuos y nutritivos, culturalmente pertinentes, que nos permitan satisfacer nuestras necesidades nutricionales, mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral (1). El aseguramiento de este derecho requiere que esos alimentos (adecuados, inocuos y nutritivos) estén disponibles (ya sea porque se produzcan en el territorio o se importen desde otros lugares), se puedan encontrar en los puntos de venta de alimentos, y/o estén presente en los programas de alimentación que tenga implementado el país (como el programa de alimentación escolar, entrega de leche en consultorios, u otros que pudieran existir), además de tener precios que puedan ser pagados por la población. Esto debe ser estable en el tiempo, sin intermitencias durante el año.

Asegurar este derecho requiere entonces de un sistema de producción, transformación y distribución de alimentos (lo que se ha llamado sistema alimentario) diseñado y coordinado para que el entorno alimentario favorezca una alimentación saludable. Por entorno alimentario nos referimos a las características físicas, económicas, socioculturales y políticas que van dando forma a nuestra dieta, más allá de las motivaciones que cada individuo tiene para alimentarse. La probabilidad de que una persona específica coma merluza, por ejemplo, una niña de 3° básico de una escuela subvencionada en la Región del Maule, dependerá de las leyes que regulen la pesca, de los acuerdos comerciales que existan sobre importación y exportación de productos marítimos, del sistema de traslado de estos productos, de la presencia de la merluza en centros comerciales (caletas, terminal pesquero, ferias libres, supermercados, pescadería), de las licitaciones del programa de alimentación escolar (JUNAEB), del precio de este pescado, entre otros factores. También dependerá de la disponibilidad, precio, publicidad y otras características de alimentos que ‘compitan’ con este pescado, como podría ser carne fresca de pollo o un nugget ultra-procesado de pescado, además de la valoración social que se le dé a comer uno u otro producto. De esta forma, si bien tendemos a pensar que nuestra alimentación es depende de nuestras decisiones, esto es así de forma muy parcial; nuestra alimentación depende de forma muy importante de las características del entorno alimentario, y -de forma más amplia- del sistema alimentario.

Como se dijo, la FAO plantea que todos y todas tenemos derecho a tener una dieta saludable y en cantidad suficiente. Para eso necesitamos un entorno alimentario que favorezca esa dieta, además de un sistema alimentario que lo permita. Si bien muchas veces este derecho no está garantizado para la población general, se hace especialmente relevante su resguardo para la población infantil, por ser más vulnerable. En el caso de Chile, dado que esta población está especialmente protegida en el sistema de salud y sistema escolar, el resguardo de este derecho se hace más factible. A nivel nacional, no podemos decir que el derecho a la alimentación, tal y como lo plantea FAO, está resguardado; sin embargo, existen acciones claras que tienden a resguardar el derecho a ambiente alimentarios saludables para niños, niñas y adolescentes. El mejor ejemplo es la Ley de Etiquetado, implementada en el año 2016. Esa ley indica que los alimentos envasados que tienen alto contenido de calorías, azúcares totales, grasas saturadas, o sodio tienen que llevar sello(s) de advertencia, que indique(n) claramente esta situación. Además, esos alimentos no pueden ser vendidos en colegios ni ofrecidos como parte del programa de alimentación escolar. Por último, esos productos no pueden ser publicitados en televisión ni cine entre 6 am y 10 pm, ni pueden tener regalos, premios, concursos u otros elementos atractivos para niños, niñas y adolescentes menores de 14 años. De esta forma, Chile dio un paso importante en la línea de fomentar el derecho humano a los ambientes alimentarios saludables. Esta política ha sido exitosa en términos de disminuir la exposición a este tipo de productos, así como su consumo (2). Sin embargo, la política es aún insuficiente en términos de asegurar el derecho humano a la alimentación saludable; hay mucho por mejorar en este sentido. Chile, país productor de alimentos naturales y con mínimo nivel de procesamiento (considerados más saludables que los de mayor nivel de procesamiento) tiene una oportunidad única de transformar su sistema alimentario, incluyendo una mirada de salud y de derechos humanos a la tradicional mirada netamente económica, que ha sido hasta ahora la principal moduladora del sistema alimentario local. Por último, se debe incluir también el desafío de la sostenibilidad en esta reflexión y reorganización del sistema, considerando así también las perspectivas de salud planetaria (3).

Referencias

1. https://www.fao.org/3/au351s/au351s.pdf
2. https://ciapec.cl/noticias/7o-aniversario-de-la-ley-de-etiquetado-y-publicidad-de-los-alimentos-7-resultados-exitosos-y-oportunidades-para-potenciarlos/
3. https://soberaniaalimentaria.odepa.gob.cl/#:~:text=La%20Estrategia%20Nacional%20de%20Soberan%C3%ADa,sostenibilidad%20de%20los%20sistemas%20alimentarios.